El Parlamento de Canadá está debatiendo actualmente el Proyecto de Ley C-22, una propuesta legislativa conocida como la Ley de Acceso Legal. El proyecto ha pasado con éxito por la Cámara de los Comunes y ahora está bajo consideración por el Senado canadiense. Según la Electronic Frontier Foundation (EFF), la legislación busca otorgar al gobierno autoridad ampliada para obligar a los proveedores de servicios digitales —como empresas de telecomunicaciones y aplicaciones de mensajería— a asistir en las operaciones de vigilancia gubernamental.
Esta imagen ilustra las implicaciones más amplias de la autoridad gubernamental ampliada para obligar a los proveedores de servicios digitales a asistir en las operaciones de vigilancia.
Un mecanismo central del proyecto de ley involucra el poder del Ministro de Seguridad Pública para ordenar a las empresas que creen 'puertas traseras' en sus servicios para fines de aplicación de la ley. La legislación especifica que estas puertas traseras pueden ser obligatorias siempre que no resulten en una "inseguridad sistémica". Los críticos, incluyendo la Canadian Civil Liberties Association (CCLA) y Citizen Lab, argumentan que tales requisitos debilitan inherentemente los protocolos de cifrado que protegen la privacidad del usuario. Además, el proyecto de ley requeriría que los servicios retengan metadatos hasta por un año, capturando detalles sobre con quién se comunican las personas, sus ubicaciones y los servicios que utilizan, incluso para usuarios que no son sospechosos de ningún delito.
Más allá de la vigilancia nacional, el Proyecto de Ley C-22 podría facilitar el intercambio de datos personales con agencias de aplicación de la ley extranjeras, incluidas las de los Estados Unidos. Esto está vinculado a las negociaciones en curso para un acuerdo de intercambio de datos transfronterizo que podría permitir a la policía estadounidense acceder a información sobre usuarios de internet canadienses sin la supervisión de los tribunales canadienses. Si bien algunos senadores canadienses han expresado preocupaciones sobre la compatibilidad del proyecto de ley con las protecciones constitucionales de privacidad, la CCLA y Citizen Lab han pedido la retirada completa de la Parte 2 del proyecto, que establece el régimen principal de vigilancia y retención de datos. La legislación sigue siendo un punto de controversia a medida que avanza por el proceso legislativo hacia su posible promulgación.