El representante Ritchie Torres, del distrito 15 del Congreso de Nueva York, ha presentado el 'Power To The Players Act', una pieza de legislación diseñada para cambiar el marco legal de la distribución de videojuegos. El proyecto de ley tiene como objetivo dirigir a la Comisión Federal de Comercio (FTC) para que establezca regulaciones que frenen lo que el representante describe como prácticas comerciales contra el consumidor. Específicamente, la legislación propone que la compra de un videojuego debe otorgar al consumidor la propiedad real del software en lugar de una licencia revocable para jugarlo. Este cambio modificaría fundamentalmente el estándar actual de la industria, donde las compras digitales a menudo se tratan como tarifas de alquiler de un solo uso que pueden ser revocadas por la editora.
Un mecanismo central del proyecto de ley involucra la preservación de la funcionalidad del juego después de que una editora deje de brindar soporte activo. Bajo las reglas propuestas, los juegos con funcionalidad en línea estarían obligados a proporcionar un modo sin conexión antes de que se cierren los servidores que los sustentan. Esto tiene la intención de abordar los casos en los que los juegos se vuelven injugables una vez que una editora deja de mantener la infraestructura. El proyecto de ley fue impulsado por casos de alto perfil, como el cierre en 2024 del juego de carreras exclusivamente en línea *The Crew* por parte de Ubisoft, que dejó a los jugadores sin acceso al juego incluso después de la compra porque carecía de un modo sin conexión o soporte de servidores comunitarios. Otros ejemplos citados incluyen la rápida eliminación de títulos deportivos de las tiendas digitales y la sustitución de títulos antiguos por versiones más nuevas en lugar de permitir que los juegos originales se jueguen por separado.
El proyecto de ley tiene como objetivo dirigir a la Comisión Federal de Comercio (FTC) para que establezca regulaciones que frenen lo que el representante describe como prácticas comerciales contra el consumidor.
Si bien el proyecto de ley busca proteger los derechos del consumidor, plantea varias preguntas sin resolver con respecto a la implementación y el impacto en la industria. Aún no está claro cómo la legislación definirá estrictamente la 'propiedad' o qué derechos específicos tendrán los propietarios sobre las copias digitales, particularmente en lo que respecta al derecho de transferir el software. Además, existe un debate significativo sobre las compensaciones para diferentes tipos de desarrolladores. Mientras que las grandes editoras podrían enfrentar nuevos costos de cumplimiento, los estudios independientes más pequeños podrían tener dificultades para cumplir con los requisitos técnicos de proporcionar modos sin conexión permanentes o soporte de servidores comunitarios. Adicionalmente, algunos críticos argumentan que obligar a las editoras a mantener la funcionalidad para juegos 'muertos' podría sofocar el desarrollo de nuevos títulos o conducir a un cambio hacia una monetización más agresiva en los juegos que permanezcan activos. El proyecto de ley representa un paso significativo hacia el movimiento 'Stop Killing Games', que aboga por parches entre pares y capacidades de servidores comunitarios para garantizar la longevidad del software comprado.