Un juez federal en Oklahoma ha dictaminado que el uso del sistema de lectura automática de matrículas (ALPR) de Flock para rastrear los movimientos históricos de un conductor sin una orden judicial es una violación inconstitucional de los derechos de la Cuarta Enmienda. El fallo abordó específicamente el arresto de una mujer acusada de tráfico de metanfetaminas, donde la policía utilizó datos de Flock para reconstruir su historial de viajes durante un período de 30 días. La jueza Sara Hill caracterizó las capacidades del sistema como una forma de "vigilancia masiva indiscriminada", señalando que los datos proporcionaron a las fuerzas del orden un historial detallado y mapeado geográficamente de los movimientos del vehículo a través de múltiples estados y jurisdicciones.
El caso se centró en una parada de tráfico donde un ayudante del sheriff observó un vehículo con matrículas de California e inició una consulta en Flock. Aunque el oficial supuestamente detuvo al conductor por una infracción de carril, el tribunal determinó que la justificación principal para el interrogatorio posterior y la inspección del vehículo se basó en los patrones de viaje revelados por el sistema ALPR. La jueza señaló que los comportamientos utilizados para justificar la búsqueda —como realizar viajes cortos a California o perder la cuenta de fechas específicas durante el viaje— son experiencias comunes para muchos estadounidenses. Debido a que la búsqueda se realizó sin una orden judicial y carecía de una causa probable específica más allá de la mera observación de una matrícula de otro estado, el tribunal dictaminó que todas las pruebas obtenidas del sistema Flock y la posterior inspección del vehículo deben ser suprimidas como "fruto del árbol envenenado".
Si bien este fallo es un hito legal significativo, no establece un precedente vinculante para todas las jurisdicciones. Los funcionarios de Flock han declarado que la decisión se limita a los hechos específicos de este caso y que esperan que el fallo sea apelado. La decisión destaca una creciente tensión legal entre la adopción generalizada de la tecnología ALPR y las protecciones constitucionales contra la vigilancia sin orden judicial. Los críticos del sistema argumentan que estas bases de datos permiten a la policía reconstruir detalles íntimos de la vida de una persona, mientras que los defensores sostienen que son herramientas esenciales para la seguridad pública. Este caso sirve como un ejemplo principal de cómo la enorme amplitud de las redes de vigilancia a nivel nacional puede obligar a una reevaluación de los estándares legales actuales sobre lo que constituye una "búsqueda" en la era digital.