El 23 de septiembre de 2026, el Senado italiano dio la aprobación definitiva al proyecto S.1924 del Gobierno sobre energía nuclear sostenible. El expediente parlamentario lo describía como aprobado definitivamente, pero aún no publicado. Es un paso de política pública para un país que lleva décadas sin generar energía nuclear, no una decisión de construir una central concreta.
El proyecto delega la siguiente etapa en el Gobierno: dentro de los 12 meses posteriores a su entrada en vigor, deberá adoptar uno o varios decretos legislativos con las reglas para la energía nuclear sostenible. El borrador plantea un marco amplio para desarrollar, autorizar, garantizar la seguridad y operar instalaciones nucleares y actividades relacionadas. Así, la votación parlamentaria encarga trabajo al Ejecutivo en vez de completar permisos de proyectos.
La diferencia importa para los plazos. Una ley marco no elige una ubicación, concede permiso de construcción, encarga un reactor ni define cómo se financiará un proyecto. Cada decisión exigiría procedimientos e instituciones posteriores. Italia también tendría que resolver el consentimiento local, la revisión de seguridad, la gestión del combustible y los residuos, la conexión a la red y los costes antes de que la energía nuclear pudiera producir electricidad.
El Gobierno ha promovido reactores avanzados como parte de su política energética, pero la votación por sí sola no permite saber si llegarán a tiempo o a un coste competitivo. Eso depende de normas que aún deben redactarse y de proyectos todavía no aprobados. Lo que cambia es la vía legal para proponer futuras instalaciones nucleares; el país aún no ha añadido capacidad nuclear de generación.