La Agencia de Protección Ambiental (EPA) está avanzando para eliminar un requisito federal que obliga a los estados a proporcionar aviso público y permitir comentarios públicos antes de aprobar los permisos de contaminación del aire para instalaciones industriales, incluidos los centros de datos y las plantas de energía construidas para abastecerlos. La agencia dijo que el cambio daría discreción a las agencias estatales y locales sobre cuándo, si y durante cuánto tiempo permitir la participación pública en los permisos. Por separado, la EPA propuso permitir que los desarrolladores comiencen la construcción de centros de datos antes de que se aprueben sus permisos, en lugar de esperar la autorización final.
En conjunto, estos cambios eliminarían una de las pocas oportunidades formales para que los residentes se enteren de que se planea un proyecto de centro de datos en su área y expresen sus preocupaciones antes de que empiece la construcción. Los centros de datos pueden impulsar la demanda de nuevas plantas de energía de gas y turbinas, que emiten óxidos de nitrógeno que forman smog, partículas finas y, en algunos casos, contaminantes atmosféricos peligrosos como el formaldehído, vinculado a varios tipos de cáncer. En el sur rural, donde el crecimiento de los centros de datos ha sido más intenso y donde vive una cantidad desproporcionada de comunidades negras, los residentes aseguran que esos riesgos ya recaen de manera desigual en sus vecindarios.
La EPA presentó las reformas como una forma de «agilizar responsablemente los permisos, apoyando el desarrollo económico estadounidense y el dominio energético», y señaló que las decisiones sobre proyectos específicos siguen estando sujetas a revisión ambiental y de salud pública. El liderazgo de la agencia ha enfatizado convertir a Estados Unidos en la capital mundial de la inteligencia artificial como una prioridad máxima. Se espera que la EPA finalice la propuesta dentro del próximo año.
Lo que permanece incierto es cómo se aplicarán en la práctica la ventana de pre-construcción y las normas discretivas de participación pública. La EPA indicó que los estados conservan la opción de celebrar aportes públicos, pero no ofreció un calendario ni directrices que obliguen a los estados a hacerlo; si los estados ejercerán esa discreción y si las comunidades afectadas tendrán suficiente aviso o tiempo para responder cuando los proyectos avancen más rápido no está definido en la propuesta. Tampoco está claro el calendario de posibles desafíos legales ni la eventual fecha de finalización.