Un juez de un tribunal de distrito de Nuevo México ha ordenado a Meta pagar 25,000 millones de dólares en sanciones civiles tras una batalla legal sobre el manejo de los datos de los usuarios por parte de la empresa. El fallo surge de un caso vinculado al escándalo de Cambridge Analytica de 2018, en el que se reveló que la firma de consultoría política accedió indebidamente a la información personal de millones de usuarios de Facebook. La decisión del tribunal sigue un veredicto del jurado en septiembre en Santa Fe, que declaró a Meta responsable de engañar a los ciudadanos del estado sobre cómo la plataforma protege y recopila los datos de los usuarios, así como sus esfuerzos para evitar que se difunda información dañina en sus servicios.

La imagen representa la agencia estatal que litigó con éxito la multa de 25,000 millones de dólares contra Meta.
La multa financiera se calculó basándose en un número asombroso de violaciones. Un jurado determinó que Meta cometió 43,899,725 violaciones de la Ley de Prácticas Desleales del estado. Bajo esta ley, cada infracción conlleva una sanción civil de hasta 5,000 dólares. Aunque el cálculo inicial basado en estas violaciones alcanzó los 219,500 millones de dólares, el juez redujo la adjudicación final a 25,000 millones de dólares. El tribunal señaló que la elevada multa estaba justificada por el "número extraordinario de violaciones deliberadas", la duración de la conducta, la participación de la alta dirección y la naturaleza sistemática de las repetidas declaraciones falsas de la empresa. Además, el juez dictaminó que los intereses sobre la multa se acumularán a una tasa del 15% anual hasta que la deuda se pague por completo.
Meta ha criticado el fallo, y su director jurídico declaró que la empresa confía en que prevalecerá en la apelación. La empresa argumentó que el enfoque del Fiscal General hace que sea casi imposible hacer negocios en Nuevo México y caracterizó la demanda como un intento de imponer un "impuesto a la libertad de expresión". Este caso es distinto de un acuerdo más amplio de 17,000 millones de dólares que Meta alcanzó con una coalición de 52 estados y territorios sobre la seguridad infantil y la salud mental, ya que Nuevo México optó por perseguir sus reclamaciones independientes de privacidad de datos a través de un juicio en lugar de unirse al acuerdo multiestatal. El litigio también destacó fricciones internas, ya que el tribunal determinó que las investigaciones internas de Meta sobre el escándalo fueron "deliberadamente ineficaces" debido a la presión ejecutiva para mantener bajos los costos y el deseo de evitar sentar precedentes legales.