En febrero de 2026, el precio de referencia del crudo en Estados Unidos era de aproximadamente 66 dólares por barril antes de que los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán amenazaran con cerrar el Strait of Hormuz; a mediados de abril había subido a 101 dólares por barril. El artículo señala que el petróleo es un insumo fundamental para el transporte, los plásticos, los fertilizantes y innumerables cadenas de suministro, por lo que cualquier interrupción resuena a nivel global y eleva los costos para fabricantes y consumidores por igual.
La fuente primaria explica que, en última instancia, la mayor parte del dinero adicional se dirige hacia la fuente del petróleo mismo—las compañías petroleras. Lo que ocurre después depende de dónde operen esas empresas y quiénes sean sus propietarios. En la Permian Basin de West Texas, el mayor campo petrolero de Estados Unidos, los aumentos de precio superan los incrementos de costo a corto plazo, creando un excedente que en gran medida va a los propietarios de las compañías—los accionistas—a través de dividendos, reducción de deuda, recompras de acciones y reinversión en perforación y oleoductos.
En contraste, el gobierno de Arabia Saudita controla prácticamente toda la producción nacional de petróleo, por lo que el aumento de los precios incrementa las finanzas estatales y financia el gasto público. Noruega dirige sus ingresos petroleros al Government Pension Fund Global, un fondo de riqueza soberana que vale más de 2 billones de dólares y ahorra riqueza para las futuras generaciones mientras respalda los presupuestos públicos actuales. El Reino Unido reparte los beneficios: los accionistas privados reciben la mayor parte de las ganancias incrementadas, pero un impuesto adicional sobre las utilidades de las compañías de petróleo y gas envía una parte significativa al gobierno para ayudar a cubrir los gastos públicos. Finalmente, el petróleo ruso permanece sujeto a sanciones occidentales que permiten el transporte, el seguro y la financiación únicamente si el precio se mantiene por debajo de 60 dólares por barril; en consecuencia, los principales beneficiarios de los altos precios son las entidades vinculadas al gobierno relacionadas con el complejo militar‑industrial de Putin, en lugar de la población rusa.